Rosatti, fue la última “víctima” junto a Rosenkrantz y Maqueda.
Son datos falsos en una denuncia penal que quedó en manos de Bonadio
Una acordada del máximo tribunal implotó “un negocio” de las desgrabaciones que fueron inicio de resonados casos judiciales en nuestro país.
El juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti fue denunciado el miércoles pasado por enriquecimiento ilícito a partir de supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas, las únicas que, de hecho, son públicas y están subidas a la web personal del ministro. Esa sensación mutó luego en indignación al percibir un modus operandi idéntico al que ya había afectado, por vías distintas, a otros dos jueces del máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
Mensajes de texto desde características insólitas llegaron a varios teléfonos de algunos miembros del Poder Judicial, replicando la noticia que había sido amplificada por algunos sectores ligados a la inteligencia vernácula. La situación se tornó de alta sensibilidad y recordó que varios de los afectados habían suscripto una acordada que quitó de la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) la desgrabación de las escuchas telefónicas legales ordenadas por los jueces. La medida, sugerida al calor de la discusión política respecto a la difusión ilegal de pinchaduras terminó por detonar un circuito subterráneo impensado: las “pymes” ligadas a los servicios dedicadas al tráfico y comercialización de información sensible que abarca desde extorsiones al hampa, “giradores” y hasta secretos industriales para las empresas. Los jueces penales- tras la acordada- empezaron a derivar a otras fuerzas de seguridad la tarea, lo que dejó a sectores marginales del espionaje sin su principal insumo.
