Tras un debate de casi 5 horas, el oficialismo en la Cámara de Diputados logró el rechazó de las cuentas de inversión 2023, correspondientes al último año de la última gobernación de Alberto Rodríguez Saá, por 26 votos a 9. Durante el debate, el poggismo y el albertismo sostuvieron las posturas que ya habían dado a conocer a través de sus medios, El Chorrillero y El Diario de la República, respectivamente; y que La Gaceta Digital ya analizó en detalle.
A modo de resumen, el poggismo dice que hubo en déficit de 93.125 millones, mientras que el albertismo habla de un superávit de 93.590 millones. Sin embargo, la realidad objetiva es que Rodríguez Saá dejó $5.510 millones de libre disponibilidad (que algunos consideran un superávit) y que al término de su mandato la provincia no tenía ningún tipo de deuda, según lo aseguró el Tribunal de Cuentas.
Estos $5.510 millones fueron reconocidos por la presidenta del bloque oficialista, Eugenia Gallardo, aunque sostuvo que tener ese monto es básicamente “estar en bancarrota” y que no se habría podido contener ni solventar ninguna “catástrofe natural” si la misma hubiese ocurrido. Sostuvo además que con esos 5.510 millones había que pagar los salarios de la Administración Pública, que el monto no alcanzaba y que por eso hubo que desdoblar el pago de salarios.
Obviamente, el albertismo desmintió lo dicho por Gallardo y otras oficialistas, señalando que ese monto (los 5.510 millones) quedaba luego de pagar los salarios completos. En este punto, el análisis del Tribunal de Cuentas respalda lo dicho por el albertismo, ya que en su informe señalan $27.892 millones (que salen del superávit de 93.590 millones) destinados a “órdenes de pago sin pago y/o no conciliadas”, las cuales incluían el pago total de los salarios.
“La cuenta no tiene observaciones y en el decreto de programación financiera estaban incluidos los sueldos. Evidentemente la plata está”, dijo la diputada opositora Silvia Sosa Araujo. A esto, cerca del final del debate, el opositor Walter Aguilar le sumó el dato de que el Gobierno provincial colocó una serie de 19 plazos fijos desde el 11 al 26 de diciembre.
“Aclarando el enredo, la provincia de San Luis no le debe un peso a nadie, o mejor dicho, en diciembre no se le debía un peso a nadie. Parecería que la provincia hubiese tenido deudas o acreedores por todos lados, pero la provincia no tiene un solo acreedor. Amerita dejarlo en claro”, añadió el opositor Federico Berardo.
Ya sin argumentos económicos para seguir sosteniendo esta postura del déficit y el “no hay plata”, algunos diputados del poggismo realizaron alocuciones enumerando cuestiones que no hacían en lo más mínimo al debate de las cuentas de inversión, como los ex ministros denunciados y hasta el resultado de las pruebas Aprender.
De igual manera, hubo oficialistas con alocuciones contundentes, como la de Gabriela Mancilla, enumerando múltiples obras que fueron anunciadas y/o presupuestadas para su departamento, Junín, y nunca se concretaron. Por su parte, Mauro Chiatti se enfocó en los gastos reservados de la Gobernación que, como ya informó este medio, ascendieron a más de $2.100.000 por día, comparándolos con distintos programas y subprogramas que el Gobierno ejecutó el año pasado.
Por ejemplo, señaló que al “proyecto de mejoramiento habitacional Buen Vivir” se le asignaron $1.845.000 para todo el año, que es menos de lo que Rodríguez Saá disponía por día. También puso como ejemplo el subprograma Promoción y Protección Familiar, que contó con 58 millones en el año y que eso es menos de lo que el exgobernador tenía disponible en un mes. Por último, habló del programa Fortalecimiento de Centros de Jubilados, el cual recibió el “equivalente a 4 días”.
Poggistas también denunciaron favoritismos para municipios aliados del albertismo en 2023, que es lo mismo de lo que ahora los acusa el albertismo.
Eventualmente, el oficialismo tuvo que reconocer que la cuenta de inversión no tenía observaciones por parte del Tribunal de Cuentas. “Más allá de que el Tribunal de Cuentas no haya tenido observaciones de la forma en que lo gastaron, pero sí en qué lo gastaron, y lo gastaron mal a nuestro entender”, dijo Maia Loredo. “Por más que los números estén bien, están mal gastados”, agregó, por si no había quedado claro, y solicitó una nueva auditoría.
Por su parte, el presidente de la Cámara, Alberto Leyes, cuyo paso del albertismo al poggismo fue clave el año pasado, reconoció que quedaron más de 5.000 millones de libre disponibilidad, pero puso el acento en el gasto desmedido que se realizó después de perder las elecciones. “Después del resultado electoral adverso, el Gobierno realizó un reparto de manera indiscriminada e irresponsable”, dijo Leyes, quien agregó que “en solo 5 meses se gastaron lo que llevó años conseguir”.
Y así como el poggismo tuvo que reconocer que la cuenta de inversión no tiene observaciones del Tribunal de Cuentas y que la provincia no tenía deuda alguna, el albertismo tuvo que hacer lo mismo con el gasto desmedido del año pasado. Por ejemplo, Joaquín Beltrán reconoció que se utilizó el fondo anticrisis para mantener la paz social y el poder adquisitivo de la gente, mientras que Claudia Pinelli admitió “que se han gastado parte de los ingresos extraordinarios en gastos ordinarios”.
En cuanto al desarrollo de la sesión, Leyes fue muy estricto con los tiempos, aunque muchas veces permitió que los legisladores se fueran por las ramas, como es el caso de las pruebas Aprender. Esto le fue criticado por el opositor Federico Berardo, quien aprovechó la ocasión para mencionar despilfarros del primer gobierno de Poggi, como las comitivas de 30 personas que “se iban de joda al Caribe” con la excusa de realizar los Juegos Panamericanos en La Punta, la Casa de San Luis en la India y las bicicletas. También aprovechó para señalar que el excontador general de la provincia, Daniel Marone, es ahora asesor del Ministerio de Hacienda. “Quien estuvo a cargo 8 años del control de este desastre que nos plantea el bloque oficialista hoy es asesor del ministro de Hacienda”, remarcó Berardo.
Tras casi 5 horas de sesión, el debate finalmente llegó a su fin, aprobando por mayoría el despacho de comisión que recomendaba rechazar las cuentas de inversión. El número final fueron 26 votos a favor del despacho, o sea el poggismo en pleno, contra solo 9 albertistas que estaban presentes para defender el último año de gestión de Rodríguez Saá.
fuente: la gaceta digital
