El trabajo da cuenta del estado de situación y las vulneraciones que sufrieron durante el marcrismo. Se trata del primer estudio con lenguaje no binario y fue enmarcado en el 40° aniversario del Centro. Participaron la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y otros referentes e intelectuales.
Por Pablo Roesler – @pabloroesler16 de Octubre de 2019
El Centro de Estudios legales y Sociales (CELS) presentó este martes su Informe 2019 sobre Derechos Humanos en la Argentina, un trabajo colectivo que resume en once capítulos las principales dificultades de país en materia de derechos. El trabajo, el número 22 que realiza el organismo, fue presentado en el marco del 40 aniversario de la institución y cuenta con una característica que lo hace excepcional: es el primero escrito en lenguaje no binario y no sexista.
La presentación se realizó a las 18 en el Teatro Picadero y cerró con un brindis por los 40 años del CELS. Se realizó con el formato de una conversación con formato de entrevista pública con once activistas, entre los que estuvieron María Esperanza Casullo, Pablo Manzanelli (Centro CIFRA), Diego Montón (Movimiento Nacional Campesino Indígena), Natalia Vinelli (Barricada TV), Mabel Thwaites (UBA-FLACSO), los diputados nacionales Horacio Pietragalla y Leo Grosso, Manuel Garrido (Innocence Project Argentina) y Juana Garay (ex presidenta del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires). La periodista María Florencia Alcaráz condujo la charla que buscó dar respuestas colectivas a las violaciones a los derechos y las problemáticas representadas en el informe.
El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, abrió la charla y enmarcó la presentación en las cuatro décadas del organismo que es parte en el movimiento de derechos humanos que, aclaró, “marcaron una tónica que hoy se ha socializado al conjunto de nuestro país y que a mi juicio es lo que impidió que el proyecto de neoliberalismo se consolidara en Argentina”. El periodista recordó la movilización contra el 2×1 a los genocidas como un hito de esa resistencia, recordó las marchas por la desaparición de Santiago Maldonado y apuntó que “vivimos una democracia recortada”.
“La pérdida de derechos es una bandera del gobierno. Es una bandera ideológica y clasista que se aplica al movimiento de DDHH, a los sindicatos, a los movimientos sociales, a los migrantes a las personas privadas de su libertad, a la prensa que ha sido acosada y perseguida por un gobierno que miente su respeto a la democracia y la libertad con una impavidez que asombra”, cerró.
El cierre estuvo a cargo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de lita Boitano, de Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. “Somos un país que no baja los brazos. Hay gente mala, que ya sabemos quienes son y se van a ir muy pronto felizmente y nosotros vamos a poder reconstruir el país que soñaron nuestros hijos, que les quitaron la vida porque hablaban de justicia social. Y la justicia social es que todos seamos dignos de vivir bien”, dijo la Abuela.
El Informe 2019
“La potencia de los derechos humanos reside en su capacidad de poner en discusión los intentos de estabilizar una noción restringida de democracia que busca naturalizar que solo son viables los modelos económicos excluyentes y la gobernabilidad basada en el orden y la mano dura”, explica desde su introducción el Informe 2019 del CELS, accesible también en versión digital desde su página web. Además, el organismo señala tres cuestiones a las que define como centrales para una discusión amplia sobre el tipo de democracia a construir: “La desigualdad, los obstáculos para la participación política y la opacidad de los mecanismos del poder, público y privado”.
El CELS analiza la situación del país luego de cuatro años de gobierno de Mauricio Macri en materia de derechos humanos, a partir de una serie de tópicos ordenados en doce capítulos -contando la introducción- de realización colectiva. Los ítems son:
-Derechas y derechos. Discursos y políticas de restricción a los Derechos Humanos.
-La profundización de la desigualdad social. Las reformas en trabajo y salud.
-Reglas a medida. Empresas y acceso al hábitat.
-Cambiar para destruir. Los medios públicos en el gobierno de Cambiemos.
-El secreto. La seguridad nacional como coartada para un estado sin controles.
-Guerra contra el narcotráfico. Guerra contra les pobres.
-Encerrar y dejar morir. El uso de las comisarías como prisiones ilegales.
-Grandes despliegues, mínimas responsabilidades. Obstáculos para investigar las consecuencias de los operativos policiales.
-Movimientos. Las luchas por los derechos en democracia.
-Los juicios por delitos de lesa humanidad.
-Lenguaje no binario.
El libro comienza por un análisis de la instalación en la región de discursos y políticas de restricción a los derechos humanos. El primer capítulo analiza, precisamente, ese fenómeno como un episodio regional en el que “divulgando narrativas anti derechos que construyen a determinados sectores sociales como enemigos internos”.
Según explican, el trabajo busca caracterizar el entramado político-discursivo desplegado en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en torno a tres temas del activismo en derechos humanos: la igualdad de género y la no discriminación, los derechos de les migrantes y las políticas de seguridad.
“En la Argentina, el gobierno de Cambiemos construyó enemigos y amenazas internas bajo el lema difuso de ‘terminar con el narcotráfico’. En vez de partir de un diagnóstico preciso del crimen organizado como problema, se redujeron cuestiones de gran complejidad a una narrativa basada en la alarma frente a las drogas y en la lucha contra la delincuencia como un enemigo interno”, explican. Y señalan que “una creciente vinculación en el discurso oficial entre delito y migración fundamentó la modificación de aspectos centrales de la Ley de Migraciones y facilitó los procedimientos de expulsión de migrantes”.
El Informe también pone en contexto el deterioro de las condiciones de vida con el aumento de la cantidad de personas desocupadas, precarizadas e indigentes, situación que “condiciona el ejercicio de derechos sociales y económicos en un escenario de conflictividad social, que además sufrió la represión y criminalización y de la protesta”.
En el capítulo “Cambiar para destruir. Los medios públicos en el gobierno de Cambiemos” el informe del CELS analiza el vaciamiento de los medios públicos y el consecuente deterioro del ejercicio del derecho a la información y la afectación a la construcción de una agenda pública democrática, diversa y plural.
Recuerda que en el mismo inicio de la gestión de Mauricio Macri se crearon esas bases a partir del desguace de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que el gobierno de Cambiemos consideraba obstáculos para un sistema de medios que coincidiera con su modelo de país.
“Mientras los medios de gestión estatal retrocedieron como consecuencia de la asfixia presupuestaria, algunos medios de comunicación audiovisual de gestión privada con fines de lucro consolidaron una posición dominante de niveles inéditos, gracias a las nuevas regulaciones decretadas por el Poder Ejecutivo”, indican.
Uno de los capítulos del libro Derechos Humanos en Argentina está dedicado a uno de los caballitos de batalla de la gestión de Cambiemos que personificó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, pero que tomaron como estandarte de campaña y muletilla tanto Macri como la gobernadora María Eugenia Vidal: “La Guerra contra el narcotráfico”.
Sobre el tema, el informe deja en claro desde la primera línea del capítulo una realidad concreta: “Los datos disponibles no prueban la efectividad de la ‘guerra contra el narcotráfico’ pero no dejan dudas sobre sus consecuencias negativas para los derechos fundamentales”.
“El punitivismo y el prohibicionismo persiguen a les consumidores y a les vendedores de pequeñas cantidades. De este modo, personas que no cometen delitos violentos, y que ya sufren vulneraciones sociales, son encerradas, en muchos casos en condiciones inhumanas”, detalla.
En la presentación digital del Informe, Marina García Acevedo que junto a Manuel Trufó integran el equipo de Justicia y Seguridad del CELS, explica que el capítulo “es una herramienta para dar el debate y que no solo muestra el fracaso de la política de drogas y la lucha contra el narcotráfico, sino que da algunas pautas de, no solo por donde no ir, sino también de por donde si ir”.
Lenguaje no sexista
“Desde hace años escribimos con la idea presente de que el lenguaje no es neutral e intentamos evitar el sexismo”, explicaron en el organismo. Por eso al escribir el Informe advirtieron que el masculino genérico se había vuelto, primero incómodo y luego inaceptable. “Este es nuestro primer informe anual escrito íntegramente en lenguaje no sexista y no binario”, señalaron. El cambio coincide con los 40 años de la fundación del CELS.
Fuente: Tiempo Argentino
